SERCOVI

Observatorio de Acreditación Institucional · Ensayo

El nivel en convivencia no dice si cumplimos la ley de acoso y violencia de género

Rodrigo Viveros Soto, director de SERCOVI

decisiones publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al CNED revisadas hasta el 19/10/2026

Resumen

La universidad tiene política de género, protocolo de acoso y una unidad que investiga; la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) lo constata y la deja en el nivel 2 o 3 del criterio; ninguna queda en el nivel 1. Pero la Superintendencia de Educación Superior fiscaliza la misma ley con otras exigencias, y lo que encuentra no aparece en la resolución. Este ensayo lee el criterio de convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión (C7) del subsistema universitario en las 13 decisiones de acreditación institucional universitaria del conjunto analizado, y lo que la Comisión hace en ese criterio con la ley 21.369, sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género. El punto de partida es un diseño declarado: desde 2022, la Superintendencia y la Subsecretaría de Educación Superior escribieron que verificar el cumplimiento de esa ley corresponde a la Superintendencia y no a la acreditación. Se encontraron tres cosas. Primero, la Comisión juzga en C7 elementos que la ley exige (protocolos de denuncia, unidades de sanción, políticas integrales) en ocho universidades, y solo en una los vincula con la ley, al valorar como fortaleza los mecanismos asociados a su cumplimiento; con lo que fiscaliza la Superintendencia, en ninguna. Segundo, lo que la Superintendencia informa queda en un considerando favorable en las 13 resoluciones, aunque en dos de ellas el acta de la sesión trae antecedentes de la fiscalización: en una, un cumplimiento parcial de la ley; en la otra, un procedimiento sancionatorio en tramitación. Tercero, la Comisión no une los recursos con la política de género en ninguna universidad, y lo que más pide en C7, medir los resultados y el impacto de las acciones (ocho universidades), se superpone en parte con lo que pide la ley. El corpus no dice si una universidad cumple la ley. Dice que el nivel de C7 no muestra lo que la fiscalización encuentra, como corresponde a ese diseño.

1. El síntoma

La universidad aprobó su política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, tiene un protocolo de denuncia y una unidad que investiga. En su autoevaluación se asigna el nivel más alto en convivencia. La Comisión constata la política y el protocolo, valora las acciones de sensibilización y le pide medir sus resultados. La deja en el nivel 2 del criterio. Mientras tanto, la Superintendencia de Educación Superior fiscaliza la misma ley con preguntas que vienen de la ley y que la resolución no hace: si las unidades que previenen y que sancionan están separadas, si tienen recursos suficientes, si la normativa entró a los contratos. Lo que la Superintendencia encuentra puede no aparecer en la resolución.

El síntoma tiene un fundamento normativo doble. La norma de la CNA para el subsistema universitario pide a C7 una política de equidad de género "y se despliegan acciones y recursos en función de ella", mecanismos formalizados en el nivel 2 y, en el nivel 3, estrategias que "permiten evidenciar los resultados alcanzados" (Comisión Nacional de Acreditación, 2021). La ley 21.369 pide una política integral con modelos de prevención y de sanción, unidades para implementarla y para investigar y sancionar con recursos suficientes, y mecanismos de "monitoreo y evaluación de su impacto" (Ley N° 21.369, 2021). Las dos normas se superponen en parte, y cada una tiene quien la evalúa.

Este ensayo es uno de los 14 de la lectura por criterio del Observatorio; el método común está en la pieza Los criterios forman un sistema, pero la resolución se escribe criterio por criterio. La tesis que se puso a prueba es una sola para los 14 criterios: el sistema trabaja como lo escribe la norma. Se lee en tres partes: (a) la relación está en la norma; (b) la Comisión la evalúa, lo que se observa cuando une los dos criterios en una frase, sea para constatar o para decir que falta; (c) la universidad la trabaja, lo que se infiere cuando la Comisión, en las universidades que se asignaron el nivel de la relación, la constata más de lo que señala que falta. Por relación, la parte (b) queda en pie si la Comisión une los criterios en más universidades de las que los separa o calla, y la (c) con la regla recién dicha; con empate, se ajusta. La tesis y esas reglas se fijaron antes de mirar las resoluciones. Las relaciones se codificaron en un barrido único de las 13 resoluciones (la lectura relación por relación), con dos codificadores de inteligencia artificial que no conocían la tesis (codificadores ciegos). Que la Comisión no escriba una relación no prueba que la universidad no la trabaje ni que la Comisión no la haya mirado: el silencio cuenta solo donde la universidad se asignó el nivel de la relación o uno mayor, y puede deberse a que no la trabaje, a que no la presente, a que la Comisión no la escriba o a que no le hiciera falta para fundar el nivel.

C7 tiene pocas relaciones con otros criterios: dos, las dos con la gestión de recursos (C8). Por eso este ensayo se apoya sobre todo en una variable propia, medida en una segunda vuelta del barrido con los mismos codificadores ciegos: qué hace la Comisión con la ley 21.369 dentro de C7. La pregunta viene de un ensayo previo del autor, El punto ciego condicional, que sostenía que la ley queda fuera del análisis de C7 porque la fiscaliza otro organismo con poder de sanción, mientras la ley de inclusión de personas con discapacidad sí se evalúa dentro. La regla para ponerla a prueba se fijó antes de codificar, y la medición la debilitó (sección 4). Lo que este ensayo presenta después, cómo se ve en la resolución la separación entre la CNA y la Superintendencia, es una descripción posterior a ese resultado: no tiene una condición de refutación propia, y se dice así.

2. Lo que escribe la norma y lo que escribe la ley

La norma de la CNA escribe en C7 un ambiente favorable y dos políticas, de equidad de género y de diversidad e inclusión, cada una con acciones y recursos (nivel 1); mecanismos formalizados que se ven en los diferentes estamentos (nivel 2); y resultados que permiten evidenciar el impacto de las estrategias (nivel 3). Las dos relaciones con otros criterios son las de los recursos: los de la política de género y los de la política de inclusión, con la gestión de recursos (C8). Hay además cinco relaciones con las dimensiones, que leen sus ensayos.

La ley 21.369 escribe otra cosa, más detallada (Ley N° 21.369, 2021):

  1. Una política integral con un modelo de prevención y uno de sanción, construida con todos los estamentos, con mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto, y dos unidades separadas, una que implementa la política y otra que investiga y sanciona, con personal capacitado y "recursos humanos y presupuestarios suficientes" (artículo 3).
  2. Un modelo de prevención con diagnóstico de riesgos, medidas evaluables y capacitación permanente (artículo 5).
  3. Órganos con competencia especial para investigar y sancionar, independientes, con personal capacitado y "recursos humanos y presupuestarios suficientes" (artículo 6, letra b).
  4. Las instituciones que no adopten la política integral, dice la ley, "no podrán acceder u obtener la acreditación institucional" (artículo 7).
  5. La Superintendencia sanciona el incumplimiento, y es infracción grave no incorporar la normativa a los contratos y convenios (artículos 9 y 10).

Según el texto del artículo 7, la política integral es una condición para acreditar. Una lectura posible, del autor: la acreditación puede verificar que la política exista; cómo funciona, con qué recursos y con qué impacto es lo que la ley pide además.

La separación entre los dos organismos está escrita, no en la ley sino en documentos administrativos, que tienen un rango menor que la ley y la interpretan. Al responder sobre la sanción del artículo 7, la Superintendencia aclaró en 2022 que "el análisis del cumplimiento de las exigencias de dicha ley compete exclusivamente a la Superintendencia", y que se coordinaría con la CNA "a los efectos de comunicarle aquellos casos de incumplimiento que se detecten" (Superintendencia de Educación Superior, 2022); al actualizar ese oficio en 2023, agregó que es "sin perjuicio de las facultades que la ley le confiere a la Comisión Nacional de Acreditación en estas materias" (Superintendencia de Educación Superior, 2023). La Subsecretaría de Educación Superior escribió ese mismo año que la evaluación de la CNA en esta materia "no buscará verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 21.369 (lo que corresponde a la SES)" (Subsecretaría de Educación Superior, 2022). Para la discapacidad, en cambio, las orientaciones de la Subsecretaría dicen que cumplir la ley 20.422 "es fundamental para la acreditación institucional y la verificación de criterios y estándares de calidad" (Subsecretaría de Educación Superior, s. f.). Según esos documentos, es esperable que la Comisión no verifique el cumplimiento de la ley 21.369, aunque el artículo 7 le deje al menos constatar que la política existe. Lo que este ensayo mira es cómo se ve ese diseño en lo que la resolución escribe.

3. Lo que escribe la Comisión en las relaciones

Los recursos de la política de género no aparecen unidos a la gestión de recursos en ninguna resolución; los de la política de inclusión se constatan como asignados en tres universidades y se señala que faltan en seis.

Que la política de equidad de género se despliegue con recursos, la Comisión no lo une con la gestión de recursos en ninguna de las 13 universidades: nombra la política en C7 y los recursos en C8, por separado. La parte (b) se debilita y la (c) queda sin base. En las debilidades y oportunidades de mejora de C7, ningún punto pide recursos para la política de género.

Que la política de diversidad e inclusión se despliegue con recursos es una relación de nivel 1, así que cuentan las 13 universidades. La Comisión la une con la gestión de recursos en nueve: la constata en tres y señala que falta en seis, tres veces como debilidad y tres como oportunidad de mejora. La parte (b) queda en pie y la (c) se debilita. Las tres constataciones dicen que los recursos están asignados, no que se usen; lo que falta, en cuatro de las seis, es extender los recursos y las acciones a toda la universidad, y en dos, fortalecer lo que existe.

Las cinco relaciones con las dimensiones (el aseguramiento interno con todas, la vinculación que retroalimenta) no son relaciones con C7 solo, y las leen los ensayos de C9 y C12.

4. Lo que hace la Comisión con la ley

La Comisión juzga en C7 elementos que la ley exige, y solo en una universidad los vincula con la ley, cuando valora como fortaleza los mecanismos asociados a su cumplimiento; con lo que fiscaliza la Superintendencia no los vincula en ninguna, como corresponde al diseño declarado. La lectura del ensayo previo, que la ley quedaba fuera de C7, se debilita, con un límite: el corpus no separa si esos elementos se juzgan como parte de C7 o de la ley.

La ley. En una segunda vuelta del barrido, los dos codificadores ciegos leyeron en cada resolución si la Comisión funda un juicio de C7 en la ley 21.369 o en elementos que la ley exige y el texto de C7 no nombra (el protocolo de denuncia, la unidad de investigación y sanción, la política integral contra el acoso), si los menciona sin juicio o si no los toca. La Comisión funda un juicio en ocho universidades, los menciona en una y no los toca en cuatro. Constata protocolos frente a la violencia y el acoso, políticas integrales, unidades de sanción, y en eso funda fortalezas o pide monitorear esas políticas. Escribe el número de la ley en la sección de C7 en una sola universidad, que está entre las ocho. La regla que se fijó antes de codificar decía que la lectura del ensayo previo quedaba en pie si la Comisión integraba la ley en seis universidades o menos y la discapacidad en más universidades que la ley. La segunda mitad se cumple; la primera no (ocho). La lectura se debilita. Un límite: la política de equidad de género que pide C7 y la política integral que pide la ley se parecen, y el corpus no separa si la Comisión juzga esos elementos como parte de C7 o de la ley.

La discapacidad. La misma pregunta para la discapacidad y la accesibilidad da diez universidades donde la Comisión funda un juicio, dos donde las menciona y una donde no. La Comisión evalúa las dos materias dentro de C7, y la diferencia que el ensayo previo veía entre ellas se achica. Sigue habiendo una en la forma: en la discapacidad, la Comisión llega a discutir con una universidad el alcance de lo que exige la accesibilidad universal. En las 13 resoluciones no hay un intercambio parecido sobre lo que fiscaliza la Superintendencia en la ley 21.369.

La Superintendencia. Todas las resoluciones traen, en un considerando (la parte de la resolución que recoge los antecedentes), lo que informa la Superintendencia sobre la ley, y en las 13 es favorable: dice que la universidad no presenta infracciones a la obligación de adoptar una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. En dos, el acta de la sesión trae además antecedentes de la fiscalización: en una, la Superintendencia determinó que la universidad cumplió parcialmente las obligaciones fiscalizadas, porque no pudo comprobar que existiera un órgano especializado para investigar y sancionar; en la otra, informa un procedimiento sancionatorio en tramitación, que puede terminar en sanción o en sobreseimiento. Esa segunda es la universidad donde la Comisión valora los mecanismos de cumplimiento de la ley. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez: el considerando habla de la obligación de adoptar la política integral, y el acta trae otra obligación de la ley o un procedimiento sin resolver. La información llegó a la sesión de la Comisión; lo que no hace es pasar a la resolución, ni al considerando ni a la sección de C7. En la gestión de recursos (C8), en cambio, la Comisión sí apoya su juicio en lo que informa la Superintendencia sobre la situación financiera, en diez universidades. En C7, no lo usa.

El nivel de C7. Diez universidades se asignaron el nivel 3 en C7. La Comisión deja tres en el nivel 3 y diez en el nivel 2; ninguna en el nivel 1, y los actos posteriores no cambian ese nivel en ninguna. Las dos universidades con observaciones en el acta quedan en el nivel 2, como la mayoría: el nivel no las distingue, ni para bien ni para mal. Se informa como dato, sin inferir cómo decide la Comisión.

5. Lo que pide la Comisión: medir el impacto

En las debilidades y oportunidades de mejora de C7, lo que más pide la Comisión es medir los resultados y el impacto de las acciones de convivencia, género e inclusión. Es lo que pide el nivel 3 del criterio y, en parte, lo que pide la ley para la política contra el acoso y la violencia de género.

La Comisión escribe en C7 20 puntos (11 debilidades y nueve oportunidades de mejora), en seis grupos, en 12 universidades. Uno es el patrón más firme de la Dimensión II (Gestión estratégica y recursos institucionales): medir resultados e impacto de las acciones de convivencia, género e inclusión, en ocho universidades, siete como debilidad. La Comisión reconoce políticas, protocolos y acciones, y pide indicadores que muestren qué cambiaron. El artículo 3 de la ley pide mecanismos de monitoreo y evaluación del impacto de la política integral contra el acoso y la violencia. Se superponen en parte: la Comisión pide el impacto de todo lo que la universidad hace en el criterio; la ley, el de la política contra el acoso y la violencia.

Tres puntos más llegan al umbral de patrón (el mismo punto en tres o más de las 13 universidades, visto por los dos codificadores): ampliar la accesibilidad universal en la infraestructura (tres universidades, dos como debilidad); reducir las brechas de género en las jerarquías superiores y los cargos directivos (tres, una como debilidad; una cuarta universidad lo pide en un grupo aparte); y lograr que las políticas de convivencia, género e inclusión se apropien en toda la universidad (tres, solo como oportunidades de mejora). Según las reglas de la CNA para la evaluación externa, las debilidades se revisan en el proceso siguiente; por eso pesan más que las oportunidades de mejora.

Lo que no aparece: ningún punto pide recursos para la política de género ni pregunta por la arquitectura que la ley exige, como órganos separados para prevenir y para sancionar, capacitación por rol o representación de los estamentos.

6. Lo que dice la literatura

La literatura reciente describe en otros sistemas políticas de igualdad que se adoptan formalmente y cambian poco las prácticas, y en Chile una ley instalada en su forma más que en su efecto. En la búsqueda de literatura de la Dimensión II no apareció una evaluación del efecto de las políticas de género en una universidad chilena.

El marco. Cuando dos organismos tienen jurisdicción sobre problemas que se superponen, sin un mecanismo que integre sus juicios, cada uno tiende a asumir que el otro cubre lo que él no ve: es lo que Buzbee (2003) llama una comuna regulatoria. Aquí la competencia sobre la ley está asignada a uno, pero el criterio de la CNA cubre en parte lo mismo, y la única vía de comunicación prevista no llega a la resolución. Se cita como marco, no como prueba de cómo trabajan hoy la CNA y la Superintendencia.

Calidad y género. En Cataluña, quienes impulsaban la igualdad de género la vincularon al aseguramiento de la calidad para tener instrumentos que obligaran a cumplirla y evitar que esos mandatos se evaporaran, como había ocurrido antes (Caravaca y Moschetti, 2025). Los autores advierten también un riesgo: que el instrumento técnico del aseguramiento de la calidad termine absorbiendo la agenda transformadora de la igualdad. Es una salida distinta de la chilena, y no está probado que funcione mejor: allí la acreditación tomó la verificación de esos mandatos; aquí quedó, por diseño, en la Superintendencia.

Políticas que se adoptan y cambian poco. En universidades españolas, las políticas de igualdad institucionalizadas formalmente aumentan la legitimidad de la institución y dejan casi intactas las relaciones de poder, como artefactos de cumplimiento (Márquez Añez y Pastor, 2026). En una universidad eslovena, la adopción formal de un plan de igualdad no cambió por sí sola las rutinas, la cultura ni la asignación de recursos (Blatnik y Bojnec, 2026). Los planes de igualdad encuentran resistencias, más intensas cuando tocan la violencia de género (Vilarchao et al., 2025). En una universidad mexicana, la creación de un protocolo de violencia de género mostró lo que las autoras llaman gatopardismo: crear políticas que nunca se implementan (Worthen et al., 2025).

Chile. El reporte de la Subsecretaría de Educación Superior sobre los años 2022 a 2025 describe una instalación normativa casi completa y una brecha entre el cumplimiento formal y la efectividad: en 2025 todas las instituciones fiscalizadas tenían protocolos al menos en parte, pero el 47% incumplía la paridad de género en la construcción de sus modelos y el 53% no tenía diagnósticos de riesgo actualizados (Subsecretaría de Educación Superior, 2026). Es un documento del Estado, no un estudio. Los sitios web de las unidades de género de las universidades chilenas existen en todas, pero informan poco sobre la denuncia y su procesamiento (Ferrada Hurtado y Simbürger, 2024). Estudiantes y académicas que participaron en las movilizaciones feministas ven en la ley un avance con desafíos de implementación (López Dietz, 2024).

Medir el impacto. En Australia, un código nacional obliga desde hace poco a las instituciones a construir marcos de resultados para evaluar su prevención y su respuesta a la violencia de género; el estudio advierte sobre sistemas de datos fragmentados y medidas de resultado poco definidas (Bertram y Pruscino, 2026).

Lo que matiza. En Chile se ha propuesto incorporar un tratamiento restaurativo a los conflictos de acoso entre estudiantes (González Ramírez, 2024): la sanción no es la única respuesta que se discute.

7. Qué queda en pie y qué significa para la universidad

Queda en pie que la Comisión juzga en C7 elementos que la ley exige, y que pide medir el impacto, en parte como la ley. Se debilita la lectura del ensayo previo, con el límite dicho: la Comisión juzga elementos que se parecen a los que pide la ley, y el corpus no separa si lo hace por C7 o por la ley. Lo que el corpus muestra es cómo se ve en la resolución un diseño que separa los dos organismos: la Comisión casi no vincula esos elementos con la ley (en una universidad), lo que la Superintendencia informa en el acta no pasa a la resolución y la arquitectura que la ley exige no aparece en lo que se pide. Aparte de ese diseño, la Comisión no une los recursos de la política de género con la gestión de recursos, una relación que escribe la norma de la CNA. Para la universidad, eso deja tres ideas.

  1. El nivel de C7 no muestra el riesgo de la ley. Es una inferencia del diseño, no un hallazgo del corpus: si la verificación del cumplimiento quedó en la Superintendencia, el nivel de C7 no tiene cómo mostrarlo, y en el conjunto analizado ninguna resolución trae un incumplimiento; el acta de una trae un cumplimiento parcial determinado por la Superintendencia. La Superintendencia puede sancionar. Según el artículo 57 de la ley 21.091, las sanciones van de la amonestación a multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales en las infracciones leves, hasta mil en las graves y hasta diez mil en las gravísimas, más la inhabilitación temporal de directivos en estas últimas. La ley 21.369 califica como grave un incumplimiento, no incorporar su normativa a los contratos y convenios; cómo se califican los demás lo determina la Superintendencia según la ley. El corpus no dice cuántas universidades han sido sancionadas, y nada de esto es asesoría jurídica.
  2. Lo que la Comisión pide y lo que pide la ley se superponen en un punto: medir el impacto. Una forma posible de responder a los dos, que este ensayo no probó, es fijar para cada acción de la política qué cambio se espera, con qué indicador y cada cuánto se mide, y mostrar los recursos de las unidades que investigan y sancionan. Si eso basta para la Comisión o para la Superintendencia, el corpus no lo dice.
  3. Lo que la Superintendencia encuentra al fiscalizar (según el reporte de la Subsecretaría, en el sistema: cumplimientos parciales, falta de paridad en la construcción de los modelos, diagnósticos de riesgo sin actualizar) no se ve en la resolución; los protocolos sí aparecen, como algo que existe. Para saber dónde está frente a la ley, la universidad tiene que mirar su fiscalización además de su nivel de acreditación.

8. Preguntas que quedan abiertas

  1. ¿Por qué la Comisión usa en la gestión de recursos lo que informa la Superintendencia y no lo usa en convivencia? El corpus no lo dice.
  2. ¿El bienestar estudiantil que pide el criterio de enseñanza y aprendizaje (C2) y la calidad de vida que pide C7 son uno o dos sistemas? En la sección de C7, la Comisión nombra el bienestar o la calidad de vida en diez universidades.
  3. ¿La convivencia está en el plan de desarrollo? En la sección de C7, la Comisión la vincula con el plan en tres universidades.
  4. ¿Qué escribe la Comisión sobre otras leyes que tocan la convivencia y que no están en el corpus del Observatorio?
  5. ¿Cómo escribe la Comisión la convivencia del subsistema técnico profesional? Lo describe el ensayo de ese criterio.

Si es tu caso. Si en tu universidad hay política integral, protocolo y unidad de sanción, y la Comisión te deja en el nivel 2 o 3 y aun así te escribe que no observa evidencia de los resultados de lo que haces, la nota técnica Qué mostrar de nuestras acciones de convivencia, género e inclusión propone mostrar qué cambió con cada acción, con indicadores de resultado, su valor de partida y su meta, y no solo cuántas actividades hubo y a cuántas personas llegaron. La nota parte del punto que la Comisión más repite en C7, medir los resultados y el impacto (ocho universidades). No dice si la universidad cumple la ley ni cómo le va en la fiscalización, que verifica la Superintendencia, y no reemplaza una revisión jurídica. Los recursos de cada acción van a la nota Cuánto nos cuesta cada carrera y cada función, y qué cifra sirve para decidir.

9. Limitaciones

Las limitaciones comunes están en la pieza de método común. Las propias de este ensayo son cinco.

  1. Si una universidad cumple la ley lo fiscaliza la Superintendencia, no la Comisión. El corpus dice lo que la Comisión escribe.
  2. Los casos con antecedentes de la fiscalización en el acta son dos. Muestran que la información puede llegar a la sesión sin pasar a la resolución; no muestran cuánto ocurre.
  3. Por qué la Comisión no recoge esos antecedentes en la resolución, el corpus no lo dice; puede ser que no los considere infracciones constatadas, y uno es un procedimiento sin resolver.
  4. El riesgo de sanción es lo que la ley prevé, no lo que ocurrió. Las afirmaciones sobre la ley van condicionadas y no son asesoría jurídica.
  5. Las relaciones de lectura del anexo A se leyeron en la sección de C7 por búsqueda de palabras, sin segundo codificador, y pueden dejar casos sin ver. La variable no separa si la Comisión juzga los protocolos y las unidades como parte de C7 o de la ley.

Fecha de corte: decisiones de acreditación institucional universitaria publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al Consejo Nacional de Educación revisadas hasta el 19/10/2026.

Declaración de uso de IA

La declaración completa está en la pieza de método común. En este ensayo, Claude (Anthropic) leyó, sin segundo codificador, las relaciones de lectura del anexo A en la sección de C7, hizo los recuentos con scripts y redactó el borrador. La pregunta por la ley viene de un ensayo previo del autor; la lectura de los resultados es del autor.

Referencias

Académicas

Bertram, R., y Pruscino, C. (2026). From compliance to accountability: strengthening gender-based violence evaluation under the National Higher Education Code. Journal of the Australian and New Zealand Student Services Association, 34(1).

Blatnik, P., y Bojnec, Š. (2026). From plan to practice: a maturity framework for implementing a gender equality plan. The case of the University of Primorska. Administrative Sciences, 16(8), 375. https://doi.org/10.3390/admsci16080375

Buzbee, W. W. (2003). Recognizing the regulatory commons: a theory of regulatory gaps. Iowa Law Review, 89, 1-64. https://doi.org/10.2139/ssrn.447700

Caravaca, A., y Moschetti, M. C. (2025). When gender meets quality assurance in higher education: policy innovation, conditions of possibility, and instrument co-optation. Journal of Education Policy, 40(4), 629-646. https://doi.org/10.1080/02680939.2025.2474934

Ferrada Hurtado, R., y Simbürger, E. (2024). La cara visible de las unidades de género en las universidades chilenas: un estudio sobre el uso de las páginas web. Calidad en la Educación, (60). https://doi.org/10.31619/caledu.n60.1442

González Ramírez, I. X. (2024). Conflictos de acoso sexual en las universidades chilenas y su tratamiento restaurativo. Revista de Derecho (Valdivia), 37(1), 101-122. https://doi.org/10.4067/s0718-09502024000100101

López Dietz, A. P. (2024). Percepciones sobre la Ley 21.369 sobre acoso sexual en universidades chilenas. Justicia, 29(46). https://doi.org/10.17081/just.29.46.7797

Márquez Añez, D. F., y Pastor, I. (2026). Gender equality policies as compliance artefacts: the limits of structural change in Spanish universities. Gender Issues, 43(4). https://doi.org/10.1007/s12147-026-09435-6

Vilarchao, M. E., Strid, S., Ipolyi, I. M., Tatsioka, Z., y Ververidou, F. (2025). Navigating resistance: analysing the complex dynamics of resistance in gender equality policy implementation in universities. Social Inclusion, 13. https://doi.org/10.17645/si.9939

Worthen, H., Curiel, C., y Bailón Vásquez, F. (2025). Institutional resistance and feminist activism in creating a gender-based violence protocol at a Mexican university. BMC Global and Public Health, 3, 82. https://doi.org/10.1186/s44263-025-00200-7

Normativas y documentos oficiales

Comisión Nacional de Acreditación. (2021). Criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema universitario (Resolución Exenta DJ N°253-4, de 16 de septiembre de 2021). CNA-Chile.

Ley N° 21.091. (2018). Sobre Educación Superior. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N° 21.369. (2021). Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Diario Oficial de la República de Chile.

Subsecretaría de Educación Superior. (2022). Orientaciones para los procesos de implementación de políticas integrales que abordan acoso sexual, violencia y discriminación de género en educación superior. Ministerio de Educación.

Subsecretaría de Educación Superior. (2026). Ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Reporte del estado de su implementación (2022-2025). Ministerio de Educación.

Subsecretaría de Educación Superior. (s. f.). Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Orientaciones para su implementación en las instituciones de educación superior. Ministerio de Educación.

Superintendencia de Educación Superior. (2022). Oficio Circular N° 0001, de 8 de julio de 2022. Da respuesta a dudas planteadas por instituciones de educación superior sobre la Ley N° 21.369.

Superintendencia de Educación Superior. (2023). Oficio Circular N° 001, de 23 de octubre de 2023. Actualiza Oficio Circular 0001, de 2022, que interpreta la Ley 21.369.

Anexo

El método común (relaciones, decisiones, regla de niveles, codificación, prueba de qué falta, vuelta de variables, debilidades y oportunidades de mejora) está en el anexo de la pieza de método común, que trae también las 82 relaciones con su resultado. Este anexo agrega solo lo propio de C7.

A. Las nueve relaciones de lectura

La norma no escribe estas nueve relaciones, que aquí van en cinco grupos; el mapa normativo (la lectura de la norma que el Observatorio hizo antes del barrido) las registra como lectura del autor. No cuentan para la tesis. Seis llegan a C7 desde la Dimensión I y tres salen de C7 hacia el aseguramiento interno.

  1. Los contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género en los planes de estudio (desde el modelo educativo, C1; la ley 21.369 los pide en su artículo 5). En la búsqueda por palabras en la sección de C7, no aparecen en ninguna universidad.
  2. La admisión y las vías especiales de ingreso, y el apoyo desde el diagnóstico de brechas (desde C2). En la sección de C7, la Comisión nombra el acceso o la admisión en cinco universidades.
  3. El bienestar estudiantil (desde C2) y la calidad de vida (C7). En la sección de C7, la Comisión nombra el bienestar o la calidad de vida en diez universidades.
  4. Las características de quienes ingresan (desde C1) y la capacitación docente en género e inclusión (desde C3): no se leyeron en las resoluciones; quedan para los ensayos de esos criterios.
  5. La autoevaluación de las tres estrategias del nivel 3, con el aseguramiento interno: las lee el ensayo de C9.

Fuera del barrido quedan siete relaciones internas de C7. Las lecturas de la sección de C7 son de Claude, por búsqueda de palabras y sin segundo codificador. El detalle está en el material de análisis.

B. La variable

Pregunta, fijada antes de codificar: si la Comisión funda un juicio de C7 en la ley 21.369 o en elementos que la ley exige y C7 no nombra, si los menciona sin juicio o si no los toca; la misma pregunta para la discapacidad y la accesibilidad; y si el considerando sobre la Superintendencia es favorable, comparado con el acta de la sesión. Regla: la lectura del ensayo previo queda en pie si la Comisión integra la ley en seis universidades o menos y la discapacidad en más universidades que la ley. Codificación con dos codificadores ciegos y segunda lectura de Claude donde no coincidían. Resultado: ley, ocho, una y cuatro; discapacidad, diez, dos y una; considerando favorable en las 13, con observaciones de la fiscalización en el acta de dos. La lectura se debilita.

C. Cómo cuadran las cifras

La sección 3 cuenta universidades en las dos relaciones del barrido; sus señalamientos de falta pueden estar escritos en cualquier sección de la resolución (en C7, en C8 o en la síntesis). La sección 4 cuenta universidades en la variable. La sección 5 cuenta los puntos que la Comisión escribe como debilidad u oportunidad de mejora de C7; por eso sus cifras no se suman con las de la sección 3. Las tres constataciones de los recursos de inclusión vienen de la clasificación de las constataciones de la pieza de método común (asignación).

Versión del 11 de noviembre de 2026.

Cómo citar: Viveros Soto, R. (2026, 11 de noviembre). El nivel en convivencia no dice si cumplimos la ley de acoso y violencia de género. Observatorio de Acreditación Institucional, SERCOVI. https://www.sercovi.cl/observatorio/u07

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