Observatorio de Acreditación Institucional · Nota técnica
Rodrigo Viveros Soto, director de SERCOVI
decisiones publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al CNED revisadas hasta el 19/10/2026
Esta nota propone una forma de mostrar los resultados de las acciones de convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión que la universidad ya tiene: qué cambió en la situación que cada línea del criterio quiere cambiar, no solo cuántas actividades hubo y a cuántas personas llegaron.
Así lo cuenta quien dirige: tenemos política de género, protocolo de acoso, una unidad que investiga, acciones de inclusión y campañas, y la Comisión lo constata; aun así nos escribe que no ve evidencia de los resultados ni del impacto de lo que hacemos, y no sabemos qué mostrar, más allá de cuántas actividades hicimos y a cuántos llegamos.
Lo que dice el ensayo. El ensayo sobre el criterio de gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión (C7) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), El nivel en convivencia no dice si cumplimos la ley de acoso y violencia de género, encontró que medir los resultados y el impacto de estas acciones es lo que la Comisión más repite en las debilidades y oportunidades de mejora de C7: aparece en ocho de las 13 universidades del conjunto analizado, en siete como debilidad. La Comisión reconoce las políticas, los protocolos y las acciones, y escribe que no observa evidencia de sus resultados, que faltan instrumentos para evaluarlos o que hay que valorar su efectividad. La debilidad tiene seguimiento obligatorio: en el proceso siguiente, los pares evaluadores califican si se superó. La Comisión lo pide tanto a universidades que se asignaron el nivel 3 en C7, donde la norma escribe el impacto, como a las que se asignaron el nivel 2.
Por qué ocurre. La norma de la CNA pide en el nivel 1 de C7 un ambiente favorable para la convivencia y la calidad de vida, y políticas de equidad de género y de diversidad e inclusión con acciones y recursos; en el nivel 2, acciones y mecanismos formalizados; y en el nivel 3, resultados institucionales de satisfacción en la convivencia y la calidad de vida que "permiten evidenciar el impacto de las estrategias implementadas" y estrategias que "permiten evidenciar los resultados alcanzados" (Comisión Nacional de Acreditación, 2021). No dice cómo mostrarlo. La ley 21.369, sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior, pide, según su texto, que la política integral contenga "mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto" (artículo 3), que el modelo de prevención tenga un diagnóstico de riesgos "basado en información actualizada" y "un conjunto ordenado de medidas evaluables" (artículo 5), y que las instituciones evalúen sus modelos al año de implementarlos, con participación de los estamentos (artículo transitorio) (Ley N° 21.369, 2021). Según su texto, esa obligación alcanza a la política contra el acoso, la violencia y la discriminación de género, no a toda la convivencia ni a la inclusión, donde la ley 20.422, sobre inclusión de las personas con discapacidad, es el marco (Ley N° 20.422, 2010). El reporte de la Subsecretaría de Educación Superior sobre la implementación de la ley describe la evaluación del impacto como una debilidad transversal del sistema y la necesidad de "indicadores comunes que permitan evaluar resultados más allá del cumplimiento formal" (Subsecretaría de Educación Superior, 2026). Es un documento del Estado, no un estudio.
Dos lecturas. Que la Comisión escriba que no observa evidencia de resultados admite dos lecturas que las resoluciones no separan: que la universidad no los mide, o que los mide y no los muestra, o muestra solo la cobertura. La nota sirve a las dos.
Lo que la nota no hace. No dice si la universidad cumple la ley 21.369 ni cómo le va en la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior, que es la que verifica ese cumplimiento. No es asesoría jurídica. Lo que entrega es una forma de ordenar y mostrar los resultados de lo que la universidad ya hace.
La ejecuta la unidad de género, inclusión o convivencia, con la dirección de análisis institucional o de calidad, que conoce las fuentes y hace los cálculos. Cada unidad que hace acciones del criterio (bienestar estudiantil, docencia, personas) aporta sus filas. Decide quien dirige: qué acciones siguen, con qué metas y con qué recursos. Lo que propone esta nota no se suma al informe de autoevaluación: lo adelanta. Lo que se registra cada año, con su respaldo, es lo que ese informe tendrá que mostrar, y no hay que reconstruirlo al final del ciclo.
Por dónde empezar el lunes
Haz la lista de las acciones de las tres líneas del criterio (sección 3.2), una fila por acción, y junta en una sola las campañas o talleres parecidos. Al lado de cada acción, anota qué indicadores tiene hoy y marca de qué tipo es cada uno (sección 3.1). Lo más probable es que la mayoría sea de actividad o de satisfacción. Escoge una acción por línea y fíjale un indicador de resultado. Si hoy puedes calcular su valor, ese es el valor de partida; si no, la primera medición lo será, y lo declaras.
La nota propone dos piezas: un mapa de las acciones y una ficha por cada indicador de resultado, que se leen juntas una vez al año. Antes, una distinción que ordena todo lo demás: no todos los indicadores dicen lo mismo.
Un indicador se clasifica por lo que mide y en quién, no por el instrumento con que se recoge. Una encuesta puede dar un indicador de satisfacción o uno de resultado, según qué pregunte y a quién.
Los tres primeros siguen siendo útiles. Pero no bastan: es lo que la Comisión escribe cuando pide resultados. En una universidad del conjunto analizado, la Comisión reconoce que hay indicadores y aun así pide saber si las estrategias funcionan. Con un caso es un indicio, no una regla: tener indicadores no basta si no muestran resultados.
Resultado no es impacto. La Comisión habla de impacto. En sentido estricto, el impacto es el cambio que se puede atribuir a la acción, y para mostrarlo hay que comparar con lo que habría pasado sin ella. Esta nota no entrega eso. Entrega el resultado, con su valor de partida, su meta y la decisión que se tomó: muestra si la situación cambió y qué hizo la universidad, sin probar que la acción fue la causa. Lo dice así cuando lo presenta.
Un caso dudoso: las denuncias. El número de denuncias no se lee solo. Si sube, puede ser que haya más violencia o que haya más confianza en el procedimiento. Se lee junto con la encuesta de clima (experiencias declaradas y conocimiento del procedimiento): si las denuncias suben y las experiencias declaradas no, lo más probable es lo segundo, pero el dato no lo prueba.
Las encuestas. Varios indicadores de resultado salen de encuestas, y valen con cuatro cuidados. Las preguntas no cambian de una aplicación a otra, o la comparación se rompe. Se informa cuántas personas respondieron y quiénes; si responden pocas, el resultado puede reflejar a quienes quisieron responder. Las preguntas sobre experiencias de acoso o discriminación van con anonimato, consentimiento y un aviso de dónde pedir ayuda; una respuesta en la encuesta no es una denuncia. Y la situación que la acción quiere cambiar se escribe antes de ver los datos. Además, quien procesa las respuestas no es quien recibe las denuncias, y las respuestas abiertas no se publican.
La regla. Cada línea del criterio tiene al menos un indicador de resultado. Por línea y no por acción, para que el instrumento no crezca con cada campaña. En la línea de convivencia, la satisfacción con la convivencia y la calidad de vida en toda la comunidad sirve; es la que escribe la norma. Las acciones que no tienen indicador propio de resultado se juzgan con sus indicadores de actividad o de funcionamiento y con el resultado de su línea, y la lectura lo dice así.
Una fila por acción de las tres líneas que escribe C7: la convivencia y la calidad de vida; la política de equidad de género, que incluye la política integral que pide la ley 21.369; y la política de diversidad e inclusión. Las acciones que vienen de otros criterios, como la capacitación del cuerpo académico en género e inclusión o los contenidos de género en los planes de estudio, entran con su unidad responsable aunque no sea la de convivencia. Cada acción va en una sola línea, la de la política que la define, para no contarla dos veces.
Columnas:
La columna de los recursos no se analiza en esta nota: se anota y se entrega a la nota de costeo. La norma pide en el nivel 1 que las políticas se desplieguen con acciones y recursos, y el ensayo encontró que la Comisión no une los recursos de la política de género con la gestión de recursos en ninguna universidad del conjunto analizado. El mapa los deja escritos al lado de cada acción.
Una ficha por indicador de resultado, con estos campos:
La meta sirve si cumple tres condiciones: se fijó antes de los resultados que juzga, está escrita en un documento con fecha y dice de dónde sale (el dato histórico de la propia universidad, una meta del plan de desarrollo, el diagnóstico de riesgos de la ley o un valor externo). Si la universidad empieza sin metas, quien dirige las fija con fecha; desde ese día, los resultados nuevos se juzgan con ellas y los anteriores se muestran sin juicio, y se declara.
Esta ficha del indicador no es la ficha institucional de datos de la CNA ni la ficha de datos ampliada de la sección 3.8. Es la misma ficha, con los mismos campos, que propone la nota del Observatorio sobre la vinculación con el medio, para que la universidad no lleve dos formatos; allá, el indicador de resultado es lo que la CNA llama contribución en la vinculación. La regla de quién está en el grupo (sección 3.6) vale para las dos: un resultado medido solo en quienes participaron se declara así.
Una vez al año, una tabla por línea con sus acciones, el resultado de cada indicador frente a su meta y la decisión que se tomó. La lectura dice también qué no se pudo medir y por qué, incluidos los indicadores que no se miden ese año (una encuesta bienal, por ejemplo). Una regla simple para decidir: si el resultado avanza hacia la meta, se mantiene la acción; si no se mueve o retrocede, se ajusta; si después de un ajuste sigue sin moverse, se evalúa cerrarla, salvo las acciones que la ley obliga a tener (la difusión del procedimiento, la capacitación), que se ajustan pero no se cierran. Para no confundir un cambio con azar, la universidad fija antes, por escrito, desde cuánto un cambio cuenta como avance, y lo declara. Ese margen no es menor que lo que admite el azar según la regla práctica de las notas sobre la docencia y la progresión técnico profesional (dos veces la raíz de la suma de 0,25 sobre el número de cada grupo), que vale para muestras al azar; con respuesta voluntaria, el sesgo de quien responde no se corrige, y se dice. Si el grupo es tan chico que ni el cambio que pide la meta se distinguiría del azar, ese indicador no decide: la acción se mantiene, se sigue midiendo y se juntan cohortes o años. Cuando vence el plazo de una meta, en la misma lectura se fija la siguiente, con fecha, antes de la próxima medición. La decisión se escribe en el registro de decisiones de la nota sobre la información para decidir, con su fecha y su documento, y la ficha guarda su identificador. Responde a lo que la Comisión escribe cuando pide implementar ajustes a partir de la evidencia; si basta, las resoluciones no lo dicen.
Para empezar basta con una acción por línea, un indicador de resultado cada una, con el valor de partida que la universidad pueda calcular hoy: una encuesta de clima que ya tenga, los datos por sexo que ya informa en la ficha institucional de datos (el formulario con que reporta sus cifras a la CNA, que trae matrícula, retención, titulación y dotación por sexo, pero ninguna acción de convivencia, denuncia ni dato de discapacidad).
Si la universidad tiene el diagnóstico de riesgos (el documento que, según la ley, identifica las actividades y espacios que aumentan el riesgo de acoso) y la evaluación de los modelos de prevención y de sanción que la ley pedía al año de implementarlos, la política integral puede ir primero, porque según su texto la ley ya le pide mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto; un indicador de resultado es una parte de eso, no todo. Si para una línea no hay hoy ningún dato de resultado (por ejemplo, ninguna encuesta con preguntas de conocimiento sobre el procedimiento de denuncia), la primera medición es el valor de partida, se declara, y mientras tanto la lectura informa los indicadores de funcionamiento. El reporte de la Subsecretaría dice que en 2025 el 53% de las instituciones fiscalizadas no tenía diagnósticos de riesgo actualizados o con una periodicidad definida (Subsecretaría de Educación Superior, 2026): el método no supone que existan.
La versión mínima no muestra los resultados de todo el criterio. Es un punto de partida y se presenta así.
Las denuncias, los casos y la situación de discapacidad son datos de personas, y la ley pide, según su texto, un tratamiento reservado de la denuncia (artículo 6, letra e). Con números chicos, desagregar puede identificar a alguien. Tres reglas:
Quién está en el grupo. Para la retención de estudiantes con discapacidad, el grupo son todos quienes la declararon en la matrícula o en la caracterización de ingreso, hayan pedido apoyo o no. Si la universidad solo conoce a quienes pidieron apoyo, el indicador es un resultado medido en los participantes de la acción, que no dice qué pasa con todo el grupo: se declara así. Si no registra la discapacidad al ingresar, el primer paso de esta línea es empezar a registrarla, de forma voluntaria y reservada.
La ley 21.369 nombra además la ley 19.628, sobre protección de la vida privada (artículo 6, letra h), que en principio también alcanza a estos datos.
El mapa, las fichas y la última lectura anual van en un anexo del informe de autoevaluación, al que remite la sección de C7. La universidad muestra sus resultados; cómo los pondera la Comisión no lo decide la universidad.
La nota entrega todo lo que hace falta para juzgar si el método es válido: los cuatro tipos de indicador con su criterio de clasificación y un caso dudoso, la regla de al menos un resultado por línea, la ficha con sus campos, las condiciones de la meta, la regla de decisión con su margen, la versión mínima, los datos de personas y los límites. Tres partes dependen de cada institución. La universidad puede hacerlas sola; son también la adaptación que SERCOVI trabaja con quien lo pide:
La nota es parte de un conjunto. La columna de recursos del mapa va a la nota sobre el costeo, y la lectura anual, con sus decisiones, a la nota sobre la información para decidir, que propone una encuesta de apropiación de las políticas; si esa encuesta pregunta a toda la comunidad qué sabe del procedimiento de denuncia, es un indicador de resultado de la estrategia de comunicación que pide la ley. Mientras la universidad no aplique esas notas, la columna anota el documento de la universidad.
Antes de la fiscalización
Esto no es parte del anexo ni una verificación del cumplimiento, que hace la Superintendencia. Son los documentos que conviene tener a la vista sobre la organización que pide la ley 21.369, cada uno con el artículo que la describe. La Superintendencia precisa estos puntos en oficios circulares que se actualizan: se consulta el vigente.
El ejemplo es ficticio. Muestra cómo se lee el método, no resultados de una universidad. Es otra universidad, distinta de la del ejemplo de la nota sobre los programas.
Una universidad con dos sedes tiene, entre otras, estas tres acciones. Hasta ahora informaba cuántos talleres hizo y la satisfacción de quienes asistieron. Este es su mapa, con una acción por línea.
Tabla 1. Tres filas del mapa de acciones
| Línea | Acción | Situación que quiere cambiar | Indicadores que tenía | Indicador de resultado que agrega |
|---|---|---|---|---|
| Equidad de género | Difusión del procedimiento de denuncia | Parte de la comunidad no sabe cómo ni dónde denunciar | Charlas y asistentes (actividad) | Proporción de la comunidad que sabe dónde y cómo denunciar |
| Diversidad e inclusión | Apoyos para estudiantes con discapacidad | Quienes tienen discapacidad dejan más la carrera | Estudiantes atendidos (cobertura) | Retención de primer año frente al resto, cohortes de a dos |
| Convivencia y calidad de vida | Talleres de convivencia | Situaciones de discriminación entre estudiantes | Asistentes y satisfacción | Proporción que declara haber vivido discriminación en el último año |
Nota. A quién se dirige, la unidad responsable, los recursos y el año de inicio van en el mapa real; aquí se omiten. La última columna no es del mapa: muestra el indicador que la universidad agrega.
Para los tres indicadores, quien dirige fijó en 2023, por escrito, una meta para 2025. Las metas salen del plan de desarrollo, que pide brechas de retención de 8 puntos o menos, y del diagnóstico de riesgos de la ley para el conocimiento del procedimiento y la discriminación; el valor de partida es la encuesta de clima de 2023 y las cohortes 2021 y 2022. La encuesta de clima se aplica cada dos años a una muestra de toda la comunidad, con las mismas preguntas; respondió el 35% en 2023 y el 38% en 2025 (unas 2 300 y 2 500 personas), con una composición por estamento parecida. Quien dirige fijó también, antes de medir, desde cuánto un cambio cuenta como avance, con la regla del azar: en la encuesta, tres puntos; en la retención, con unos 60 estudiantes con discapacidad en cada grupo, unos 18. En 2024, sin encuesta y sin el par de cohortes completo, la lectura informó los plazos de las denuncias y lo dijo.
Tabla 2. La lectura de 2025
| Indicador de resultado | Valor de partida | Meta 2025 | Resultado 2025 | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| Sabe dónde y cómo denunciar | 41% (2023) | 60% | 52% | Mantener |
| Retención de primer año, con discapacidad frente al resto | 68% y 82% (cohortes 2021 y 2022) | Brecha de 8 puntos o menos | 74% y 83% (cohortes 2023 y 2024) | Mantener: cabe en el azar, se sigue midiendo |
| Declara haber vivido discriminación | 14% (2023) | 11% | 13% | Ajustar: rehacer el taller con quienes lo dictan |
Nota. Los datos de estudiantes con discapacidad van para toda la universidad, con dos cohortes juntas (58 estudiantes en el grupo de partida y 64 en el de 2025), y el grupo son todos quienes declararon discapacidad al ingresar (sección 3.6).
La tabla dice tres cosas. La proporción que sabe cómo denunciar subió once puntos y no llegó a la meta. La brecha de retención bajó de 14 a nueve puntos y quedó a uno de la meta, pero con unos 60 estudiantes por grupo el azar admite unos 18 puntos, y ni la meta se distinguiría de él. Y la discriminación declarada bajó un punto, menos de los tres que la universidad fijó como avance. Las decisiones siguen la regla de la sección 3.4: la difusión avanza y se mantiene; los apoyos se mantienen y se siguen midiendo, juntando cohortes; el taller no se mueve y se ajusta. Como las metas vencían en 2025, la misma lectura fijó las de 2027. En ningún caso se puede decir que la acción causó el cambio: la retención pudo subir por otras razones, y una encuesta cada dos años es poco para separar una tendencia del azar.
Tabla 3. La ficha de un indicador
| Campo | Lo que dice |
|---|---|
| Acción y línea | Difusión del procedimiento de denuncia; equidad de género |
| Supuesto de cambio | Parte de la comunidad no sabe cómo ni dónde denunciar; si lo sabe, puede usar el procedimiento cuando lo necesite |
| Indicador | Proporción de la comunidad que responde bien tres preguntas sobre dónde y cómo denunciar |
| Fuente | Encuesta de clima, mismas preguntas en cada aplicación |
| Desagregación | Estamento, sede y sexo, solo con 30 respuestas o más por celda, también en los cruces |
| Frecuencia y responsable | Cada dos años; la unidad de género |
| Valor de partida | 41% (2023) |
| Meta | 60% en 2025, fijada en 2023 desde el diagnóstico de riesgos |
| Resultado | 52% (2025); respondió el 38% (35% en 2023) |
| Decisión | Mantener; meta de 2027 fijada en esta lectura; identificador en el registro de decisiones |
Las denuncias. En el mismo período, las denuncias subieron de 18 a 27 por año, para toda la universidad. Leídas solas, parecen un problema. Leídas con la encuesta, donde subió la proporción que sabe cómo denunciar, una lectura posible es que se denuncie más porque más personas saben cómo hacerlo. La universidad la presenta como lectura posible, no como causa.
Lo que muestra. La universidad no muestra que sus acciones funcionan. Muestra qué quería cambiar en cada línea, qué cambió, qué no, y qué decidió hacer con cada acción.
Errores frecuentes.
Límites.
Esta nota parte de un ensayo cerrado del Observatorio, sin codificación nueva. El ensayo lee las 13 decisiones de acreditación institucional universitaria del conjunto analizado. El pedido que la nota toma es un patrón: el mismo punto en las debilidades y oportunidades de mejora de tres o más universidades, juntado por dos codificadores de inteligencia artificial que no conocían la tesis. Está en ocho universidades, con ocho puntos: seis piden medir o evidenciar resultados, efectividad o contribución, y dos piden los mecanismos o instrumentos para hacerlo. En otras dos universidades, la Comisión pide también, en otros puntos, consolidar la evaluación del impacto de las acciones inclusivas o fortalecer el seguimiento y la evaluación de las políticas.
Que lo pedido sea mostrar resultados de acciones que existen, y no crear las políticas, se revisó en los 20 puntos que la Comisión escribe en C7, en 12 universidades: todos dan por existentes acciones o políticas, y ninguno pide crear la política, el protocolo o la unidad. Esa revisión es de Claude, sin segundo lector.
La nota toma de la ley 21.369 lo que toca la medición (artículos 3, 5 y transitorio) y el tratamiento reservado de la denuncia (artículo 6), con su texto, y en el recuadro aparte la organización que describe (artículos 3 y 6). Toma del reporte de la Subsecretaría el diagnóstico del sistema, como documento del Estado. La literatura reciente describe políticas de igualdad que se adoptan y cambian poco las prácticas: en una universidad eslovena, la adopción formal de un plan de igualdad no cambió por sí sola las rutinas, la cultura ni la asignación de recursos (Blatnik y Bojnec, 2026). Y muestra formas de medir: en una universidad irlandesa, el propio personal usaba indicadores para juzgar si las iniciativas de igualdad, diversidad e inclusión habían cambiado la universidad, en vez de usarlas como marketing (Ruggi y Duvvury, 2024).
Fecha de corte: decisiones de acreditación institucional universitaria publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al Consejo Nacional de Educación revisadas hasta el 19/10/2026. La nota se apoya en los criterios y estándares universitarios de 2021, en la ley 21.369, en el oficio circular de la Superintendencia de 2023, en el reporte de la Subsecretaría de 2026 y en la plantilla de la ficha institucional de datos actualizada el 05/04/2024. Se revisa si cambia alguna de esas fuentes o las normas de protección de datos personales, si una actualización de las decisiones analizadas deja el pedido bajo el umbral o cambia lo que la Comisión pide, cuando haya un primer piloto, y en todo caso a los dos años de su fecha de corte. Nota técnica de noviembre de 2026.
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Claude (Anthropic) redactó el borrador a partir de la hoja de la nota, juntó las cifras del ensayo con scripts y revisó los 20 puntos de C7. El patrón viene de dos codificadores ciegos de inteligencia artificial. El método y lo que se reserva siguen el plan de notas aprobado por el autor. El autor decidió lo pendiente en la revisión final de las 17 notas técnicas en conjunto (11/11/2026), donde lectores de inteligencia artificial revisaron la coherencia del sistema y lo que cada nota atribuye a la Comisión, y dio el visto bueno a esta versión.
Bertram, R., y Pruscino, C. (2026). From compliance to accountability: strengthening gender-based violence evaluation under the National Higher Education Code. Journal of the Australian and New Zealand Student Services Association, 34(1).
Blatnik, P., y Bojnec, Š. (2026). From plan to practice: a maturity framework for implementing a gender equality plan. The case of the University of Primorska. Administrative Sciences, 16(8), 375. https://doi.org/10.3390/admsci16080375
Caravaca, A., y Moschetti, M. C. (2025). When gender meets quality assurance in higher education: policy innovation, conditions of possibility, and instrument co-optation. Journal of Education Policy, 40(4), 629-646. https://doi.org/10.1080/02680939.2025.2474934
Ruggi, L. O., y Duvvury, N. (2024). Grassroots key performance indicators: a contribution to the monitoring and evaluation of equality, diversity and inclusion. Journal of Research in Higher Education, 8(2). https://doi.org/10.24193/jrhe.2024.2.1
Comisión Nacional de Acreditación. (2021). Criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema universitario (Resolución Exenta DJ N°253-4, de 16 de septiembre de 2021). CNA-Chile.
Ley N° 19.628. (1999). Sobre protección de la vida privada. Diario Oficial de la República de Chile.
Ley N° 20.422. (2010). Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Diario Oficial de la República de Chile.
Ley N° 21.369. (2021). Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Diario Oficial de la República de Chile.
Subsecretaría de Educación Superior. (2026). Ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Reporte del estado de su implementación (2022-2025). Ministerio de Educación.
Superintendencia de Educación Superior. (2023). Oficio Circular N° 001, de 23 de octubre de 2023. Actualiza Oficio Circular 0001, de 2022, que interpreta la Ley 21.369.
Versión del 11 de noviembre de 2026.
Cómo citar: Viveros Soto, R. (2026, 11 de noviembre). Qué mostrar de nuestras acciones de convivencia, género e inclusión. Observatorio de Acreditación Institucional, SERCOVI. https://www.sercovi.cl/observatorio/n05