SERCOVI

Observatorio de Acreditación Institucional · Nota técnica

Cómo evaluar cada año nuestras acciones de convivencia, género e inclusión

Rodrigo Viveros Soto, director de SERCOVI

decisiones publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al CNED revisadas hasta el 19/10/2026

1. El problema

Esta nota propone una forma sencilla de evaluar cada año las acciones de convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión de un instituto profesional (IP) o un centro de formación técnica (CFT), con indicadores de resultado desde la primera evaluación: el primer año fija el punto de partida y las metas de cada resultado y, desde el segundo, muestra qué cambió, no solo cuántas actividades hubo.

Así lo cuenta quien dirige: tenemos política integral contra el acoso, política de inclusión, protocolo, un comité o una unidad y campañas de sensibilización, y la Comisión lo constata; aun así nos escribe que no hay una evaluación formal ni resultados medibles, que la evaluación es parcial o reciente, o que solo medimos cobertura y satisfacción.

Lo que dice el ensayo. El ensayo sobre el criterio de gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión (C9) del subsistema técnico profesional, Hacemos acciones de convivencia, pero su evaluación todavía no es sistemática, encontró que medir los resultados y el impacto de estas políticas es el punto que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) más repite en las debilidades y oportunidades de mejora de todo el subsistema: está en diez de las 16 instituciones del conjunto analizado, seis veces como debilidad. La debilidad tiene seguimiento obligatorio: en el proceso siguiente, los pares evaluadores califican si se superó. La Comisión lo pide a instituciones que se asignaron el nivel 2 en C9 y a las que se asignaron el 3, en la misma proporción en que se asignaron cada nivel.

Qué pide. Las dos cosas a la vez: una evaluación formal y que muestre resultados. Cuatro de las seis debilidades piden el efecto de las acciones, y tres de esas cuatro nombran la evaluación formal o sistemática como el camino: la Comisión escribe que no pudo constatar "una evaluación formal ni resultados medibles ni sistemáticos", pide fortalecer "los mecanismos de evaluación, monitoreo y análisis" o pide "evaluaciones sistemáticas y longitudinales". Por eso la nota no propone primero ordenar y después medir: propone una evaluación anual que lleva indicadores de resultado desde el primer año.

Por qué ocurre. La norma de la CNA para el subsistema técnico profesional pide en el nivel 1 de C9 un ambiente favorable para la convivencia y la calidad de vida, y políticas de equidad de género y de diversidad e inclusión con acciones y recursos; en el nivel 2, "mecanismos de gestión y procesos formalizados", sin nombrar la evaluación; y en el nivel 3, resultados institucionales de satisfacción en la convivencia y la calidad de vida "que permiten evidenciar el impacto de las estrategias implementadas en la convivencia" (Comisión Nacional de Acreditación, 2021). No dice cómo mostrarlo. La ley 21.369, sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior, pide, según su texto, que la política integral contenga "mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto" (artículo 3) y que el modelo de prevención tenga "un conjunto ordenado de medidas evaluables" (artículo 5) (Ley N° 21.369, 2021). Según su texto, esa obligación alcanza a la política contra el acoso, la violencia y la discriminación de género, no a toda la convivencia ni a la inclusión.

Lo propio del IP y el CFT. Según el reporte de la Subsecretaría de Educación Superior sobre la implementación de la ley, que recoge lo que dicen las propias instituciones, los CFT trabajan con equipos pequeños, con alta rotación y varias funciones, y con estudiantes que pasan poco tiempo en la institución por la duración de sus carreras; los IP, con la modalidad en línea, la dispersión territorial y la falta de instrumentos para diagnosticar riesgos. A fines de 2021, el 48% de 54 IP y CFT que respondieron una encuesta no tenía un organismo centralizado para estas políticas (Subsecretaría de Educación Superior, 2026). Es un documento del Estado, no un estudio. La nota está hecha para ese tamaño.

Lo que la nota no hace. No dice si la institución cumple la ley 21.369 ni cómo le va en la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior, que es la que verifica ese cumplimiento. No es asesoría jurídica.

2. Para quién es

La ejecuta el comité o la unidad de género, inclusión o convivencia, o quien tenga el encargo si la unidad no existe, con la dirección de calidad o de análisis. Cada sede y cada unidad que hace acciones del criterio (asuntos estudiantiles, docencia, personas) aporta sus filas. La rectoría o la dirección general aprueba la evaluación anual y decide qué acciones siguen. Lo que propone esta nota no se suma al informe de autoevaluación: lo adelanta. Lo que se registra cada año, con su respaldo, es lo que ese informe tendrá que mostrar, y no hay que reconstruirlo al final del ciclo.

Por dónde empezar el lunes

Haz la lista de las acciones de las tres líneas del criterio (sección 3.3), una fila por acción, y junta en una sola las campañas parecidas. Agrega a cada fila dos columnas: la fecha en que se evaluará y quién la evaluará. Marca de qué tipo es cada indicador que ya tienes (sección 3.2). Escoge una acción por línea y fíjale un indicador de resultado. Si hoy puedes calcular su valor con lo que ya registras, ese es el valor de partida; si no, la primera medición lo será, y lo declaras. Después, quien dirige fija la meta por escrito, antes de la siguiente medición.

3. Una evaluación formal que muestre resultados

3.1 Qué es una evaluación formal y sistemática

La Comisión no define estas palabras. La nota propone un mínimo, que cualquier institución puede cumplir sin un equipo grande:

  1. Cada acción tiene escrita la fecha en que se evalúa y quién la evalúa.
  2. Una vez al año, la evaluación se escribe en un documento corto, la revisa alguien de fuera de la unidad dueña de cada acción (por ejemplo, la dirección de calidad o de análisis), la aprueba quien dirige y queda con fecha.
  3. Cada línea del criterio tiene, desde el primer año, al menos un indicador de resultado (sección 3.2), con una meta escrita y fechada antes de su siguiente medición.
  4. La evaluación dice qué se decidió con cada acción: mantener, ajustar o cerrar. Las acciones que no tienen indicador propio de resultado se deciden con sus indicadores de actividad o de funcionamiento y con el resultado de su línea, y se dice así.

Sistemática quiere decir que esto se repite cada año con las mismas reglas, aunque cambie el equipo. Si la institución ya tiene un plan anual de convivencia, no necesita otro documento: el mapa de la sección 3.3 es ese plan con dos columnas más.

Cuándo empezar. Para mostrar un cambio hacen falta dos mediciones, y con encuestas anuales eso toma unos dos años desde que se aprueba el mapa. Conviene empezar al menos dos años antes del informe de autoevaluación. Si la acreditación llega antes de la segunda evaluación, se presenta lo que hay: el mapa con fechas, los valores de partida, las metas fijadas y la primera evaluación aprobada, y se dice que la comparación llega con la siguiente. Es menos, pero es formal y tiene fecha.

3.2 Cuatro tipos de indicador

Un indicador se clasifica por lo que mide y en quién, no por el instrumento. Una encuesta puede dar un indicador de satisfacción o uno de resultado, según qué pregunte y a quién.

  1. Actividad o cobertura. Qué se hizo y a cuántos llegó.
  2. Funcionamiento. Cómo opera un mecanismo: el plazo entre una denuncia y su resolución, por ejemplo. Según su texto, la ley pide celeridad en las investigaciones (artículo 6, letra f); importa, pero no dice si la situación cambió. Ese plazo se registra una vez, como indicador de cumplimiento del protocolo en el catastro de la nota sobre la normativa interna, y esta nota lo cita sin repetirlo. En las notas del Observatorio, funcionamiento es cómo opera un proceso o un mecanismo; cumplimiento, en aquella nota, si una norma se aplica como dice.
  3. Percepción o satisfacción con la acción. Qué opinan quienes participaron de ella.
  4. Resultado. Si cambió la situación que la acción quería cambiar, medida en toda la población a la que se dirige: la proporción de estudiantes y personal que sabe cómo y dónde denunciar, medida con preguntas de conocimiento; la brecha de retención de los estudiantes que la política quiere incluir; las experiencias de discriminación o de acoso que declara la comunidad en una encuesta repetida. La satisfacción con la convivencia y la calidad de vida, preguntada a toda la comunidad, es de resultado: es la que la norma escribe en el nivel 3 de C9.

Los tres primeros siguen siendo útiles, pero no bastan: cuando la institución mide cobertura, percepción o satisfacción, la Comisión pide ir más allá.

Resultado no es impacto. La Comisión habla de impacto. En sentido estricto, el impacto es el cambio que se puede atribuir a la acción, y para mostrarlo hay que comparar con lo que habría pasado sin ella. Esta nota entrega el resultado, con su valor de partida, su meta y la decisión: muestra si la situación cambió y qué hizo la institución, sin probar que la acción fue la causa.

Un caso dudoso: las denuncias. Si suben, puede ser que haya más violencia o más confianza en el procedimiento. Se leen junto con la encuesta: si las denuncias suben y las experiencias declaradas no, lo segundo es más probable, pero el dato no lo prueba.

Las encuestas. Varios indicadores de resultado salen de encuestas, y valen con cuatro cuidados. Las preguntas no cambian de una aplicación a otra, o la comparación se rompe. Se informa cuántas personas respondieron y quiénes; si responden pocas, el resultado puede reflejar a quienes quisieron responder. Las preguntas sobre experiencias de acoso o discriminación van con anonimato, consentimiento y un aviso de dónde pedir ayuda; una respuesta en la encuesta no es una denuncia. Y la situación que la acción quiere cambiar se escribe antes de ver los datos.

3.3 El mapa de acciones

Una fila por acción de las tres líneas que escribe C9: la convivencia y la calidad de vida; la política de equidad de género, que incluye la política integral que pide la ley 21.369; y la política de diversidad e inclusión. Entran también las acciones que dependen de otras unidades: los contenidos de género en los planes de estudio, los ajustes y apoyos para estudiantes con discapacidad, la capacitación del personal.

Columnas: línea, acción, situación que quiere cambiar, a quién se dirige (estamento, sede, jornada, modalidad), unidad responsable, recursos (personas y presupuesto, y si el presupuesto está identificado), indicadores que tiene con su tipo, fecha de evaluación y quién evalúa.

La columna de recursos no se analiza aquí: se anota y se entrega a la nota de costeo. La norma pide en el nivel 1 que las políticas se desplieguen con acciones y recursos, y en la sección de C9 la Comisión no escribe el presupuesto de estas políticas en ninguna de las 16 instituciones (lectura del ensayo, de un solo lector). El mapa los deja escritos al lado de cada acción.

3.4 La ficha de cada indicador de resultado

Una ficha por indicador de resultado: acción y línea; la situación que quiere cambiar, que hace de supuesto de cambio; indicador y cómo se calcula, en palabras, y la población en que se mide (si se mide solo en quienes participaron en la acción, se declara); fuente; desagregación (con las reglas de la sección 3.6); frecuencia; valor de partida con su fecha; meta con su fecha y su fuente; resultado del período; decisión, con su identificador en el registro de decisiones.

La meta sirve si se fijó antes de los resultados que juzga, está escrita con fecha y dice de dónde sale (el dato histórico de la institución, una meta del plan, el diagnóstico de riesgos de la ley o un valor externo). Si la institución empieza sin metas, quien dirige las fija con fecha, y desde ese día juzgan los resultados nuevos.

Esta ficha del indicador no es la ficha institucional de datos de la CNA ni la ficha de datos ampliada de la sección 3.9. Es la misma ficha que propone la nota del Observatorio sobre la vinculación técnico profesional, con los mismos campos, para no llevar dos formatos. Indicador de resultado es el término común de las notas técnicas del Observatorio para el que mide el cambio; en la vinculación es lo que la CNA llama contribución.

3.5 La evaluación anual

Una vez al año, una tabla con las acciones de las tres líneas (o una por línea), el resultado de cada indicador frente a su meta, lo que no se pudo medir y por qué (también lo que no se mide ese año), y la decisión. Una regla simple para decidir: si el resultado avanza hacia la meta, se mantiene la acción; si no se mueve o retrocede, se ajusta; si después de un ajuste sigue sin moverse, se cierra o se ajusta otra vez, con su motivo, salvo las acciones que la ley obliga a tener (la difusión del procedimiento, la capacitación, los ajustes para estudiantes con discapacidad), que se ajustan pero no se cierran. Para no confundir un cambio con azar, la institución fija antes, por escrito, desde cuánto un cambio cuenta como avance, y lo declara. Ese margen no es menor que lo que admite el azar según la regla práctica de la nota sobre la progresión técnico profesional (dos veces la raíz de la suma de 0,25 sobre el número de cada grupo), que vale para muestras al azar; con respuesta voluntaria, el sesgo de quien responde no se corrige, y se dice. Si el grupo es tan chico que ni el cambio que pide la meta se distinguiría del azar, ese indicador no decide: la acción se mantiene, se sigue midiendo y se juntan cohortes o años. En el primer año no hay cambio que leer: las acciones se mantienen salvo que la actividad o el funcionamiento muestren un problema. Cuando vence el plazo de una meta, en la misma lectura se fija la siguiente. La aprueba quien dirige y queda con fecha. Cada decisión se escribe en el registro de decisiones de la nota sobre la información para decidir, y la ficha guarda su identificador. Es el documento que muestra que la evaluación es formal y sistemática.

3.6 Lo que cambia en un IP o un CFT

Desagregar con cuidado. Por sede, jornada o modalidad solo cuando la acción se aplica distinto ahí (en línea, en otra sede) y el número de personas lo permite. La institución fija dos mínimos y los declara: desde cuántas personas muestra un conteo (por ejemplo, diez) y desde cuántas personas en la base muestra un porcentaje, sea de encuesta o de registro (más alto, porque en un porcentaje de pocas personas una sola lo mueve mucho). Los mínimos rigen lo que se presenta fuera; quien decide dentro de la institución ve los datos completos, con reserva. Si una sede no llega, se junta con otra o se miran varios años juntos. La ficha institucional de datos, el formulario con que la institución reporta sus cifras a la CNA, trae el porcentaje de mujeres en la matrícula, la retención, el egreso, la titulación, la dotación y los beneficios por cada desagregación (por sede, por jornada, por modalidad), no cruzado con todas a la vez; no trae acciones de convivencia, denuncias ni datos de discapacidad.

Carreras cortas y alta rotación. Con carreras de dos o tres años, una encuesta repetida no vuelve a encontrar a las mismas personas. Por eso se compara cada año a la misma etapa de la carrera (por ejemplo, el final del primer año): mide si cambió la situación de quienes pasan por la institución. Es una parte de la población a la que se dirige la acción, y se dice cuál. Tiene un sesgo propio: solo responden quienes siguen matriculados, y quien vivió discriminación puede haberse ido; por eso se lee junto con la retención. Si la Comisión pide evaluaciones longitudinales, se pueden hacer las dos cosas: la misma etapa cada año para las encuestas y, para la retención y la titulación, cada cohorte hasta que egresa. La percepción se pregunta a toda la comunidad, estudiantes incluidos, y no solo al personal.

Equipos chicos. La medición parte de lo que ya se registra: denuncias, asistencia, retención y titulación por sexo. Una encuesta nueva solo si la acción lo necesita, y mejor como preguntas agregadas a una encuesta que la institución ya aplica.

IP y CFT del mismo organizador. Si comparten unidad, política y presupuesto, el mapa, los indicadores y los recursos se separan por institución, porque cada una se acredita por separado; lo compartido se declara.

3.7 La versión mínima

Para empezar: el mapa con fechas, una acción por línea con un indicador de resultado cada una y el valor de partida que exista hoy, y la primera evaluación anual aprobada. Si la institución tiene el diagnóstico de riesgos (el documento que, según la ley, identifica las actividades y espacios que aumentan el riesgo de acoso) o la evaluación de los modelos de prevención y de sanción que la ley pedía al año de implementarlos, la política integral puede ir primero, porque según su texto la ley ya le pide mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto; un indicador de resultado es una parte de eso, no todo. Si para una línea no hay hoy ningún dato de resultado, la primera medición es el valor de partida, se declara, y mientras tanto la evaluación informa los indicadores de funcionamiento. La versión mínima no muestra los resultados de todo el criterio: es un punto de partida y se presenta así.

3.8 Datos de personas

Las denuncias, los casos y la situación de discapacidad son datos de personas, y la ley pide, según su texto, un tratamiento reservado de la denuncia (artículo 6, letra e). En instituciones y sedes chicas pesa más:

  1. Las denuncias y los casos se informan por institución y año, nunca por sede chica, carrera ni cohorte. Si en un año son menos que el mínimo, se informan juntando tres años o como "menos de" ese mínimo.
  2. Ningún indicador se presenta con celdas bajo los mínimos que fijó la institución (sección 3.6). Ojo con los cruces: sexo, sede y jornada pueden ser grandes por separado y dejar a una persona sola cuando se cruzan.
  3. Los datos de estudiantes con discapacidad o con apoyos se presentan para toda la institución, y si el grupo de una cohorte queda bajo el mínimo de porcentajes, juntando tres cohortes y recalculando cada año con la más reciente; los del personal por sexo en una sede chica, junto con otra sede.
  4. En la encuesta de experiencias, quien procesa las respuestas no es quien recibe las denuncias, y las respuestas abiertas no se publican.

Quién está en el grupo. Para la retención de estudiantes con discapacidad, el grupo son todos quienes la declararon en la matrícula o en la caracterización de ingreso, hayan pedido apoyo o no. Si la institución solo conoce a quienes pidieron apoyo, el indicador es un resultado medido en los participantes de la acción, que no dice qué pasa con todo el grupo: se declara así. Si no registra la discapacidad al ingresar, el primer paso de esta línea es agregar la pregunta a la matrícula, de forma voluntaria y reservada.

La ley 21.369 nombra además la ley 19.628, sobre protección de la vida privada (artículo 6, letra h), que en principio también alcanza a estos datos.

3.9 Dónde va y lo que cada institución adapta

El mapa, las fichas y la última evaluación anual van en un anexo del informe de autoevaluación, al que remite la sección de C9. La institución muestra su evaluación; cómo la pondera la Comisión no lo decide la institución.

La nota entrega lo que hace falta para juzgar si el método es válido: la definición de evaluación formal, los cuatro tipos con su criterio y un caso dudoso, la regla de al menos un resultado por línea, la ficha y las condiciones de la meta, las reglas de desagregación, la versión mínima, los datos de personas y los límites. Tres partes dependen de cada institución. La institución puede hacerlas sola; son también la adaptación que SERCOVI trabaja con quien lo pide:

  1. Un banco de indicadores con su fórmula y su valor de partida para las acciones típicas de cada línea en un IP o un CFT.
  2. La calibración de las metas: qué valor fijar y desde qué diferencia una acción pide un ajuste.
  3. Reunir el mapa y las fichas en una ficha de datos ampliada con las columnas de las otras notas técnicas del Observatorio: la ficha institucional de la CNA con las filas que hoy no trae. Es una propuesta del Observatorio, no un formulario de la CNA.

La nota es parte de un conjunto. La columna de recursos va a la nota sobre el costeo; las decisiones de la evaluación anual, al registro de la nota sobre la información para decidir, y las preguntas de convivencia pueden ir en la encuesta de satisfacción que esa nota propone, sin una encuesta aparte, con las reglas de esta nota: sus mínimos, el anonimato y la etapa de la carrera en que compara. Cuando una acción de inclusión es un apoyo a estudiantes, su resultado en progresión sale de la nota sobre la progresión, agregado a toda la institución, y se lee con su regla del azar. La nota sobre la normativa interna registra los protocolos y su revisión; esta evalúa qué cambian las acciones, y su evaluación anual de la política integral es el insumo de la revisión participativa que pide la ley (artículo 3). Si la institución incluye en su política de convivencia las medidas de su protocolo contra el acoso laboral, entran al mapa como acciones de la línea de convivencia, con sus indicadores; lo que exige esa ley lo registra aquella nota, no esta. Mientras la institución no aplique esas notas, la columna anota el documento de la institución.

Antes de la fiscalización

Esto no es parte del anexo ni una verificación del cumplimiento, que hace la Superintendencia. Son los documentos que conviene tener a la vista sobre la organización que pide la ley 21.369, cada uno con el artículo que la describe. La Superintendencia precisa estos puntos en oficios circulares que se actualizan: se consulta el vigente. Según su texto, la ley pide lo mismo a todas las instituciones; si en una institución chica eso choca con el tamaño del equipo, esta nota no lo resuelve.

  1. Si la unidad que implementa la política y la que investiga y sanciona están separadas (artículo 3).
  2. La capacitación en derechos humanos y perspectiva de género de quienes las integran y de quienes las conducen (artículos 3 y 6, letra b).
  3. Los recursos humanos y presupuestarios de cada unidad (artículos 3 y 6, letra b). La ley dice suficientes; esta nota no dice cuánto es suficiente.
  4. Las facultades de cada unidad para cumplir su tarea (artículo 3).
  5. Cómo participaron los estamentos, con paridad de género y representación equilibrada, en la elaboración, la evaluación y la modificación de la política (artículo 3).
  6. Si la normativa interna prevé salidas alternativas al procedimiento de investigación, como la mediación, que sean voluntarias para la víctima y quiénes las aplican (Superintendencia de Educación Superior, 2023).

4. Un ejemplo

El ejemplo es ficticio. Muestra cómo se lee el método, no resultados de una institución.

Un instituto profesional tiene tres sedes: A y B grandes, C con menos de 200 estudiantes, y una jornada vespertina en las tres. Es otro instituto, distinto del de la nota sobre los programas. Hasta 2023 informaba talleres, asistentes y satisfacción. En marzo de 2024, la rectoría aprobó el mapa con fechas de evaluación. Las mediciones de diciembre de 2024 y la retención de las cohortes 2021 a 2023 fueron el valor de partida, y en enero de 2025, antes de los resultados de 2025, la rectoría fijó metas para 2026 a partir de ese valor y del plan de desarrollo, y fijó también, antes de medir, desde cuánto un cambio cuenta como avance, con la regla del azar: en la encuesta, con unas 380 respuestas en 2024 y 400 en 2025, unos siete puntos; en la vespertina, con unas 160 por año, unos 11; en la retención, con unos cien estudiantes con discapacidad en cada grupo, unos 14. La institución fijó en diez personas el mínimo para un conteo y en 50 personas el mínimo de la base de un porcentaje. La encuesta va al final del primer año, cada diciembre, con las mismas preguntas.

Tabla 1. Tres filas del mapa de acciones

Línea Acción Situación que quiere cambiar Indicador de resultado Evalúa, cuándo
Equidad de género Difusión del procedimiento de denuncia Parte de los estudiantes no sabe cómo ni dónde denunciar Proporción de estudiantes que, al final del primer año, sabe dónde y cómo denunciar Unidad de género, diciembre
Diversidad e inclusión Tutoría y ajustes para estudiantes con discapacidad Quienes tienen discapacidad dejan más la carrera Retención de primer año de quienes declararon discapacidad al ingresar, frente al resto, toda la institución Asuntos estudiantiles, abril
Convivencia Talleres de convivencia en jornada vespertina Trato discriminatorio entre estudiantes vespertinos Proporción de estudiantes vespertinos que, al final del primer año, declara haber vivido trato discriminatorio Unidad de convivencia, diciembre

Nota. El mapa real lleva también a quién se dirige, la unidad responsable, los recursos y los indicadores de actividad y satisfacción que ya había.

Tabla 2. La evaluación de 2025, aprobada por la rectoría en marzo de 2026

Indicador de resultado Valor de partida Meta 2026 Resultado 2025 Decisión
Sabe dónde y cómo denunciar 38% (diciembre de 2024) 55% 47% Mantener: avanza
Retención de primer año, con discapacidad frente al resto, tres cohortes 61% y 74% (cohortes 2021 a 2023) Brecha de 8 puntos o menos 66% y 75% (cohortes 2022 a 2024) Mantener: cabe en el azar, se sigue midiendo
Declara trato discriminatorio, vespertina 16% (diciembre de 2024) 12% 15% Mantener: no decide, se juntan dos años

Nota. La dirección de calidad, que no es dueña de ninguna de las tres acciones, revisó la evaluación antes de que la aprobara la rectoría. La sede C tuvo 41 respuestas, bajo el mínimo de 50, y se muestra junto con la B. Respondió el 41% de los estudiantes que terminaban el primer año en 2024 y el 44% en 2025. Los datos de estudiantes con discapacidad van para toda la institución, no por carrera ni por sede, con tres cohortes juntas (102 estudiantes en el grupo de partida y 108 en el de 2025). La retención de la cohorte 2024 se calculó en abril de 2025 y entra en la evaluación de ese año.

La tabla dice tres cosas. El conocimiento del procedimiento subió nueve puntos en un año, más que los siete que admite el azar, y va en camino a la meta. La brecha de retención bajó de 13 a nueve puntos, todavía sobre la meta; pero la retención del grupo con discapacidad subió cinco puntos, el azar admite unos 14, y las dos bases comparten dos de sus tres cohortes. Y el trato discriminatorio declarado en la vespertina bajó un punto; con unas 160 respuestas por año, ni los cuatro puntos que pide la meta se distinguirían del azar. Las decisiones siguen la regla de la sección 3.5: la difusión avanza y se mantiene; los apoyos se mantienen y se siguen midiendo; el indicador de la vespertina no decide, el taller se mantiene y la próxima lectura junta dos años. En ningún caso se puede decir que la acción causó el cambio.

Lo que muestra. La institución no muestra que sus acciones funcionan. Muestra que las evalúa cada año con las mismas reglas, desde qué punto partió, qué cambió, qué no y qué decidió hacer.

5. Errores frecuentes y límites

Errores frecuentes.

  1. Contar actividades como resultados.
  2. Medir la percepción solo en el personal, o solo en quienes participaron.
  3. Hacer un plan y un informe aparte del mapa: dos documentos que dicen lo mismo y nadie mantiene.
  4. Dejar los resultados para cuando la evaluación esté ordenada. La Comisión pide las dos cosas juntas.
  5. Fijar la meta después de ver el resultado.
  6. Medir la percepción solo siguiendo a la misma cohorte: en carreras cortas egresa tras una o dos mediciones, y no hay con qué comparar la siguiente.
  7. No informar cuántos respondieron la encuesta: con respuesta baja, quienes conocen el procedimiento tienden a responder más.
  8. Desagregar por sede, jornada y modalidad hasta dejar celdas de pocas personas.
  9. Leer un resultado como impacto, o el número de denuncias solo.
  10. Medir lo que es fácil de medir. En Australia, donde un código nacional obliga a las instituciones a evaluar sus resultados frente a la violencia de género y les deja fijar sus propios indicadores, un estudio advierte que esa libertad puede llevar a indicadores fáciles de reunir que satisfacen el reporte sin evaluar el impacto (Bertram y Pruscino, 2026).

Límites.

  1. La nota no dice si la institución cumple la ley 21.369 ni cómo le va en su fiscalización.
  2. No dice que una evaluación así lleve al nivel 3 ni que cambie el juicio de la Comisión: la Comisión la pide en los dos niveles y las resoluciones no dicen qué basta.
  3. No prueba impacto: muestra resultados y decisiones.
  4. Es ilustrativa: no se ha probado en una institución.
  5. Que la Comisión pida la evaluación formal y los resultados juntos es una lectura de tres textos de debilidades, no una medición.
  6. La búsqueda de literatura no encontró un estudio chileno sobre cómo miden los IP y CFT los resultados de estas políticas.

6. Respaldo

Esta nota parte de un ensayo cerrado del Observatorio, sin codificación nueva. El ensayo lee las decisiones de acreditación institucional de 16 IP y CFT del conjunto analizado. El pedido que la nota toma es un patrón: el mismo punto en las debilidades y oportunidades de mejora de cuatro o más instituciones, juntado por dos codificadores de inteligencia artificial que no conocían la tesis. Está en diez instituciones, con diez puntos; según la clasificación de qué falta, cinco piden el efecto (uno, además, extenderlo) y los demás piden extender, formalizar o usar mejor la evaluación. De las seis debilidades, cuatro piden el efecto. En otros puntos, dos instituciones más piden una gestión formalizada con plan e indicadores o medir la percepción en toda la comunidad.

Que lo pedido sea evaluar acciones que existen, y no crear las políticas, se revisó en los 20 puntos que la Comisión escribe en C9, en 14 instituciones: ninguno pide crear la política, el protocolo o la unidad. Esa revisión es de Claude, sin segundo lector.

La literatura sobre la formación técnica describe el mismo problema en otros países: en 14 colleges politécnicos de Etiopía, las políticas nacionales apoyan la igualdad de género, la discapacidad y la inclusión, pero el monitoreo es débil (Sawo, 2026). Y hay instrumentos para medir: en Eslovenia, un cuestionario basado en el Index for Inclusion, respondido por 427 profesionales de la educación, sirvió para medir dimensiones de la inclusión (Kristl y Jeznik, 2024); es un instrumento posible, no una evaluación de impacto.

Fecha de corte: decisiones de acreditación institucional publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al Consejo Nacional de Educación revisadas hasta el 19/10/2026. La nota se apoya en los criterios y estándares técnico profesionales de 2021, en la ley 21.369, en el oficio circular de la Superintendencia de 2023, en el reporte de la Subsecretaría de 2026 y en la plantilla de la ficha institucional de datos actualizada el 05/04/2024; se revisa si cambia alguna de esas fuentes o las normas de protección de datos personales, si una actualización de las decisiones analizadas deja el pedido bajo el umbral o cambia lo que la Comisión pide, cuando haya un primer piloto, y en todo caso a los dos años de su fecha de corte. Nota técnica de noviembre de 2026.

Para aplicarla como piloto en un instituto o centro, contacta a SERCOVI.

Declaración de uso de IA

Claude (Anthropic) redactó el borrador a partir de la hoja de la nota, juntó las cifras del ensayo con scripts y revisó los 20 puntos de C9. El patrón viene de dos codificadores ciegos de inteligencia artificial. El método y lo que se reserva siguen el plan de notas aprobado por el autor. El autor decidió lo pendiente en la revisión final de las 17 notas técnicas en conjunto (11/11/2026), donde lectores de inteligencia artificial revisaron la coherencia del sistema y lo que cada nota atribuye a la Comisión, y dio el visto bueno a esta versión.

Referencias

Académicas

Bertram, R., y Pruscino, C. (2026). From compliance to accountability: strengthening gender-based violence evaluation under the National Higher Education Code. Journal of the Australian and New Zealand Student Services Association, 34(1).

Kristl, N., y Jeznik, K. (2024). Measuring inclusion in vocational education and training through the prism of justice of education. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 12(1), 103-117. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2024-12-1-103-117

Sawo, B. A. (2026). Gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) in the Ethiopian TVET system: analysis of policy and practice. International Journal of Social Science and Education Research, 8(7). https://doi.org/10.33545/26649845.2026.v8.i7a.755

Normativas y documentos oficiales

Comisión Nacional de Acreditación. (2021). Criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema técnico profesional (Resolución Exenta DJ N°252-4, de 16 de septiembre de 2021). CNA-Chile.

Ley N° 19.628. (1999). Sobre protección de la vida privada. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N° 21.369. (2021). Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Diario Oficial de la República de Chile.

Subsecretaría de Educación Superior. (2026). Ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Reporte del estado de su implementación (2022-2025). Ministerio de Educación.

Superintendencia de Educación Superior. (2023). Oficio Circular N° 001, de 23 de octubre de 2023. Actualiza Oficio Circular 0001, de 2022, que interpreta la Ley 21.369.

Versión del 11 de noviembre de 2026.

Cómo citar: Viveros Soto, R. (2026, 11 de noviembre). Cómo evaluar cada año nuestras acciones de convivencia, género e inclusión. Observatorio de Acreditación Institucional, SERCOVI. https://www.sercovi.cl/observatorio/n09

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